OIT/LIMA: La OIT en la Región (Indice)

La situación económica ha cambiado considerablemente en las Américas en el transcurso del decenio de 1990. Tras un período de vulnerabilidad a raíz de la crisis mexicana, que dio lugar a la adopción de nuevas medidas de ajuste, los indicadores macroeconómicos de la mayoría de los países de la región han mejorado y sus economías están ahora mejor estructuradas. No obstante, esa mejora no ha sido suficiente para generar el número necesario de empleos de calidad, mejorar la distribución de los ingresos o proporcionar una protección social más adecuada. El empleo ha seguido aumentando más lentamente que la población económicamente activa y muchos de los nuevos empleos creados se concentran en el sector no estructurado. La crisis de Asia y los fenómenos climáticos desfavorables, como "El Niño" y los huracanes "George" y "Mitch" han empeorado la situación de los trabajadores en fechas recientes y han reforzado el escepticismo acerca de las posibilidades de mantener las políticas económicas que se aplican.

Los procesos de integración subregional han continuado a buen ritmo, con la consolidación del TLC, el MERCOSUR, la CARICOM y las iniciativas de integración andina y de Centroamérica. En este entorno económico cada vez más abierto, es sumamente importante asegurarse de que el desarrollo económico vaya acompañado por el progreso social, y de que la expansión del comercio no entrañe un deterioro de las condiciones de trabajo o la violación de los derechos humanos fundamentales.

Las prioridades del programa regional, establecidas mediante un proceso de consultas periódicas con los mandantes, corresponden a los objetivos estratégicos generales de la OIT y están en conformidad con las conclusiones y recomendaciones de las reuniones regionales celebradas recientemente, entre ellas, la Segunda Cumbre de las Américas (Chile, abril de 1998), la 14.ªReunión regional de los Estados Miembros de la OIT de la región de las Américas (Lima, diciembre de 1998) y la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (Chile, octubre de 1998).

Problemas y necesidades. A pesar del nivel generalmente elevado de ratificaciones de convenios de la OIT en la región y del creciente reconocimiento de la necesidad de promover la justicia social y de aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo en relación con el objetivo de la justicia social, sólo siete países de la región han ratificado los siete convenios fundamentales. Es necesario, por consiguiente, impulsar una difusión más amplia de los mismos entre los mandantes a fin de que comprendan que, lejos de constituir un obstáculo para el desarrollo económico, la aplicación de las normas laborales fundamentales favorece la creación de un entorno social estable, propicio para el crecimiento y la inversión.

En América Latina y el Caribe hay entre 18 y 20millones de niños de 10 a 15 años de edad que trabajan. Además, en los últimos años, ha habido un incremento sustancial del trabajo infantil en la región, especialmente en las actividades peligrosas y de alto riesgo. Es evidente, pues, la necesidad de contar con políticas especiales para abordar las causas estructurales del problema, particularmente la pobreza, los bajos niveles de inversión en la educación y la precariedad del empleo. Aunque la labor del Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) ha contribuido a crear una mayor conciencia acerca del problema del trabajo infantil y a lograr que se asuma el compromiso de obrar con miras a su eliminación progresiva en varios países, sigue siendo necesario llevar a cabo una acción urgente para reducir la gran proporción de trabajo infantil existente.

Los objetivos son los siguientes:

Lograr un mayor conocimiento, una ratificación más amplia y una aplicación más plena de las normas internacionales del trabajo, en particular de los convenios fundamentales, en los planos nacional, subregional y regional; y
La erradicación progresiva del trabajo infantil, dando prioridad a la eliminación urgente de sus peores formas.

Convenios fundamentales del trabajo. El asesoramiento y las orientaciones que se proporcionen servirán de base para lograr una ratificación y aplicación más amplias de los convenios fundamentales. Se fomentará una mayor conciencia acerca del aporte de los principios y derechos fundamentales en el trabajo a la democracia, el progreso social, la eficacia económica, la equidad y el crecimiento duradero. Se proporcionará material sobre la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo a los mandantes y los encargados de la formulación de políticas, con inclusión de las autoridades parlamentarias y judiciales. Con la asistencia que se brinde, se armonizará la legislación nacional de varios países con las disposiciones de los convenios ratificados, y las memorias que deben presentarse a los órganos de control se transmitirán con mayor periodicidad. Se hará también más hincapié en promover la incorporación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en el contexto de las iniciativas de integración, por ejemplo, mediante los mecanismos tripartitos establecidos en el MERCOSUR.

Trabajo infantil. Con el apoyo de la OIT y el IPEC, se constituirán comités nacionales tripartitos para coordinar la acción contra el trabajo infantil en muchos de los países de la región y se formularán y llevarán a cabo los correspondientes programas nacionales de acción. Se prestará apoyo para concluir acuerdos subregionales y trazar planes de acción con miras a la erradicación del trabajo infantil. La enérgica promoción del Convenio núm.138 y de los nuevos instrumentos que han de adoptarse en 1999 dará lugar a una amplia ratificación y aplicación de los instrumentos. Asimismo, se prestará asistencia técnica para armonizar la legislación nacional con las disposiciones de estos instrumentos. Se mejorará también la información estadística sobre el trabajo infantil en la región. Se emprenderá una intervención específica del proyecto para retirar a niños del trabajo, sobre todo a aquellos que se encuentran en las situaciones más vulnerables. El énfasis que se pone en la movilización de las autoridades nacionales y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores dará lugar a una acción más decidida contra el trabajo infantil, particularmente contra sus peores formas, en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe.

Problemas y necesidades. La extrema pobreza, la exclusión social y la discriminación siguen afectando a un gran porcentaje de la población en la mayoría de los países de la región. A pesar de que es necesario que los países de la región hagan hincapié en la productividad y la producción y los servicios de buena calidad en el contexto de la mundialización, la mayor parte de la expansión del empleo ha tenido lugar en servicios de baja productividad y en actividades del sector no estructurado. Es necesario, por lo tanto, formular políticas y programas destinados no sólo a combatir el desempleo, sino también a mejorar la calidad del empleo. Al mismo tiempo, los niveles muy bajos de calificación de muchos trabajadores siguen impidiéndoles acceder al empleo. Es necesario mejorar y diversificar las oportunidades de formación, en particular para las mujeres, los jóvenes con discapacidad y los pueblos indígenas y tribales. Esto requiere la adopción de métodos de formación participativos, basados en la comunidad y centrados en aspectos orientados en función de la demanda, tales como la promoción del empleo independiente y la generación de ingresos.

Se considera que la región está aplicando actualmente una segunda generación de reformas del mercado de trabajo, en cuyo marco se está haciendo un esfuerzo por evitar los errores y las fallas de los países pioneros y por destacar sus logros. Es importante que esta nueva generación de reformas incorpore cambios políticos que refuercen los derechos laborales básicos, den prioridad al desarrollo humano y al diálogo social, y generen la estabilidad necesaria para estimular la inversión y crear nuevos empleos. Asimismo, hay un consenso en la región respecto de la necesidad de adaptar el marco legislativo y reglamentario con miras a proporcionar incentivos para que los actores económicos del sector no estructurado ingresen en la economía moderna.

Los objetivos son los siguientes:

Lograr que los gobiernos de la mayoría de los países, en consulta con los interlocutores sociales, diseñen, apliquen y supervisen la aplicación de políticas y estrategias laborales, económicas y sociales que estimulen la inversión, creen nuevos empleos y eleven la calidad del empleo mediante mejoras en la educación, la formación y la productividad;
La adopción de estrategias, políticas y programas nacionales que promuevan el pleno reconocimiento de los actores del sector no estructurado y que prevean incentivos para su gradual inclusión en el sector moderno; ...
Políticas y programas de formación que contribuyan a promover la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, y en particular para las categorías más vulnerables de la población;
Procurar que las cuestiones relativas a la igualdad entre los sexos y a los jóvenes se tengan más plenamente en cuenta en el diseño y aplicación de políticas y programas y que se aborden de manera más eficaz en la legislación;
Mejorar la integración política y social de los pueblos indígenas mediante el reconocimiento de sus derechos en la legislación nacional, el fomento de organizaciones representativas y la adopción de políticas y programas que mejoren sus calificaciones y sus oportunidades de empleo; y
Facilitar el acceso de los mandantes y de otras personas interesadas a la información sobre las cuestiones laborales a fin de ayudarles en la formulación de políticas laborales en los planos nacional y subregional.

Crecimiento y creación del empleo en el sector moderno. Se seguirán efectuando estudios sobre la evolución del mercado de trabajo a fin de que sirvan de base para proporcionar orientación en materia de diseño y aplicación de políticas integradas de empleo y de estrategias de desarrollo humano. El apoyo técnico proporcionado a los gobiernos y los interlocutores sociales servirá de base para la formulación de políticas de empleo y el establecimiento de sistemas de información sobre el mercado de trabajo. En el marco de estas actividades, seguirá considerándose prioritario: mejorar las calificaciones de los trabajadores, traducir el crecimiento económico en nuevos empleos de calidad, adaptar las empresas al nuevo contexto de competitividad, crear pequeñas empresas y microempresas y facilitar además su acceso a los recursos productivos. Se prestará especial atención a asuntos tales como la relación entre el costo de la mano de obra y la competitividad, el papel que los contratos de trabajo y la negociación colectiva desempeñan en el nuevo contexto económico y el comportamiento de los salarios en los sectores de la producción que se enfrentan con la competencia mundial.

Calidad del empleo. Se crearán centros de asesoramiento en materia de gestión y de formación, y se consolidarán los existentes, y se promoverá además una mayor productividad mediante la difusión de informaciones sobre las nuevas tecnologías y la mejora de las calificaciones en ámbitos tales como la gestión de los recursos humanos, las relaciones laborales y la seguridad y la salud. También se prestará asistencia a los ministerios y otros copartícipes encargados del desarrollo de las pequeñas empresas, en lo que se refiere a la prestación de servicios a las pequeñas empresas y a la creación de un entorno político y reglamentario que reduzca los obstáculos al crecimiento. Se mejorarán también las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas mediante una aplicación más amplia de la metodología del Programa sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas (WISE).

Inclusión del sector no estructurado en la economía moderna. Se alentará a los Estados miembros a que creen marcos jurídicos e institucionales que faciliten la incorporación de los actores económicos del sector no estructurado en el sector estructurado. Gracias al apoyo que se les proporcione, las asociaciones de microempresas estarán en mejores condiciones para establecer redes, representar los intereses de sus afiliados y proporcionarles servicios como el suministro de información en materia de mercados y la organización de actividades de formación. Se prevé que estas políticas y medidas redundarán en un aumento del número de trabajadores del sector no estructurado amparados por regímenes de seguridad social.

Formación para aumentar la competitividad. Con el apoyo del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR), se formularán y aplicarán políticas nacionales destinadas a aumentar la pertinencia y la eficacia de la formación procediendo para ello a: adaptar la formación a las nuevas oportunidades de empleo; asegurar que la formación que se imparta esté al día con respecto a los avances tecnológicos; aumentar la participación tripartita en los programas de formación; y establecer sistemas de formación en los que participe el sector privado y los ministerios de trabajo desempeñen un papel más importante. Se prestará también apoyo para la elaboración de políticas y programas encaminados a mejorar las calificaciones en el sector no estructurado y las microempresas. En el marco de estas actividades, se hará hincapié en la formación de los jóvenes trabajadores, las mujeres y los trabajadores con discapacidad.

Las mujeres y los jóvenes. Se llevarán a cabo campañas de sensibilización a fin de que se comprenda la importancia que reviste la mejora de las oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes trabajadores. Se procurará también integrar en mayor medida las cuestiones de igualdad entre los sexos en todas las actividades de la OIT en la región, incluidas las que llevan a cabo los equipos consultivos multidisciplinarios. Se proporcionará asistencia para reforzar la capacidad institucional de las autoridades nacionales en el ámbito de la recopilación y difusión de informaciones sobre las cuestiones de igualdad entre los sexos y las relativas a los jóvenes. Se prevé que se adoptarán planes nacionales de acción en varios países con el fin de lograr un aumento del número de jóvenes y de mujeres que tienen un empleo regular o que asisten a cursos dictados en instituciones de formación profesional.

Pueblos indígenas. En el marco de la asistencia técnica que se proporciona a los mandantes y a los representantes de los pueblos indígenas, se considerará prioritario crear una mayor conciencia acerca de su situación y sus derechos, fomentar de la ratificación del Convenio núm.169 y mejorar su aplicación en el marco de la legislación y la práctica nacionales. Sobre la base de los servicios de asesoramiento que se proporcionen a las autoridades nacionales, y en coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, se elaborarán políticas y programas para mitigar la marginación social y política de los pueblos indígenas. El asesoramiento y el apoyo que se proporcionen permitirán alentar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a desarrollar y fortalecer las calificaciones de esos pueblos.

Seguimiento de la información sobre los mercados de trabajo. Se asegurará el mantenimiento y la actualización de la red regional de información y la base de datos de la OIT a efectos de la preparación y publicación del informe titulado Panorama Laboral, que seguirá estando disponible en Internet. Asimismo, se dará más difusión al Panorama Laboral en los medios de comunicación y se mejorará aun más su calidad. Se proporcionará asistencia para reforzar los sistemas nacionales y subregionales de estadísticas del trabajo, particularmente en los países del Caribe.

Problemas y necesidades. Muchas de las tendencias recientes en el ámbito económico y laboral de la región hacen que sea mucho más difícil garantizar el derecho de los trabajadores a un nivel adecuado de protección contra los riesgos profesionales y condiciones de trabajo que permitan asegurar su bienestar y su dignidad. En vista de la gran incidencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la región, especialmente en la agricultura y el sector rural, así como en las actividades de construcción, es urgente que los Estados Miembros adopten políticas y programas encaminados a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, de conformidad con las normas internacionales del trabajo pertinentes. El problema se agrava aún más por la pérdida constante de capacidad de la inspección del trabajo, particularmente en las zonas rurales, y la necesidad de crear una mayor conciencia con respecto a las cuestiones relativas a la seguridad y la salud en diversas organizaciones de empleadores y de trabajadores.

La mejora de los regímenes de seguridad social es una de las principales prioridades para la mayoría de los países de la región, y muchos gobiernos han estado evaluando y reformando sus sistemas de seguridad social. Necesitan pues asesoramiento acerca de las alternativas posibles, en especial para extender la protección de la seguridad social a los trabajadores del sector no estructurado. Asimismo, debido a la mayor precariedad del empleo hay muchas categorías de trabajadores que no están amparados por redes adecuadas de seguridad social. Por otra parte, los procesos subregionales y regionales de integración hacen que sea ahora necesario armonizar los sistemas de seguridad social.

Lograr una reducción importante del número de casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, especialmente en las zonas rurales, y mejorar el medio ambiente de trabajo; y
Lograr que los mandantes organicen y administren eficazmente regímenes de seguridad social acordes con las normas internacionales del trabajo, que mejoren progresivamente las prestaciones que se proporcionan en el sector estructurado y amplíen la protección para abarcar a los trabajadores del sector no estructurado.

Condiciones de trabajo. La difusión de informaciones y las actividades de sensibilización en materia de seguridad y salud serán complementadas por una formación especializada para los ministerios del trabajo, las inspecciones del trabajo, los miembros de los consejos de seguridad y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Las actividades de cooperación técnica tanto nacionales como subregionales se centrarán en el diseño y la aplicación de programas de seguridad y salud y la creación de infraestructuras en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

Seguridad social. Con miras a mejorar los regímenes de seguridad social existentes y extender su cobertura, sobre todo en el sector no estructurado y entre los trabajadores rurales, se proporcionará asistencia para ayudar a los mandantes a efectuar evaluaciones actuariales y crear sistemas de contabilidad en el ámbito de la seguridad social. Se efectuarán análisis de las posibilidades con que se cuenta para mejorar la calidad y el alcance de los regímenes de seguridad social, así como posibles regímenes alternativos para el sector no estructurado. Se proporcionará formación a los profesionales que se ocupan de la seguridad social acerca de la evolución, los costos, las prestaciones y el impacto de los regímenes de seguridad social.

Problemas y necesidades. Durante los últimos años, la consolidación de los procesos democráticos en las Américas se ha acompañado de cambios alentadores en materia de diálogo social, incluido el establecimiento de instituciones tripartitas en varios países. No obstante, la promoción de un clima que sea más propicio para la consulta tripartita y la negociación colectiva requiere el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y la modernización y consolidación de las instituciones laborales. Asimismo, es necesario lograr que las organizaciones de empleadores y de trabajadores representativas participen en mayor medida en las reformas económicas y los procesos de adopción de políticas relacionadas con la integración regional y la mundialización.

Lograr que las organizaciones de empleadores puedan desarrollar su capacidad a fin de proporcionar a sus afiliados servicios más profesionales y de mejor calidad y de poder representarlos de manera más adecuada en función de la evolución de sus necesidades;
Lograr que las organizaciones de trabajadores mejoren sus estructuras y su alcance, y que refuercen su capacidad para participar en el diálogo tripartito y defender los derechos de los trabajadores; y
Crear organismos bipartitos y tripartitos adaptados a las características de cada país y subregión, y reforzar los existentes.

Organizaciones de empleadores. Se proporcionará formación, información y asesoramiento en materia de políticas para que las organizaciones de empleadores puedan participar más plenamente en la planificación y las iniciativas nacionales, subregionales y regionales. Se proporcionará asistencia a las organizaciones de empleadores para formular planes estratégicos con miras a aumentar el número de sus afiliados. La creación de unidades socioeconómicas en las organizaciones de empleadores mejorará su capacidad para participar en la planificación del desarrollo socioeconómico.

Organizaciones de trabajadores. Se organizarán seminarios subregionales y nacionales sobre normas internacionales del trabajo para promover la participación de las organizaciones de trabajadores en los mecanismos nacionales de control de la aplicación de las normas. Se brindará también apoyo para reforzar los programas de educación obrera. Gracias a la asistencia técnica que se proporcione, está previsto que las organizaciones de trabajadores participarán más activamente en las discusiones que tengan lugar en el plano nacional y en el ámbito regional sobre temas relacionados con la mundialización y los procesos de integración económica.

El tripartismo en el contexto de la integración económica. La asistencia que se proporcione se centrará en la creación y fortalecimiento de órganos bipartitos y tripartitos y el establecimiento y consolidación de sistemas de relaciones de trabajo. Se prestará asistencia a los mandantes para que examinen sus sistemas de relaciones de trabajo y puedan detectar las disfunciones en los mecanismos del diálogo social tanto en el plano nacional como en el regional. También se facilitarán orientaciones mediante estudios por país en los que se analice el impacto de la integración regional y de la mundialización en las relaciones de trabajo, la negociación colectiva y la legislación laboral. Se proporcionará además asistencia técnica con miras a la modernización y armonización de las políticas laborales en el contexto de las iniciativas de integración regional. La asistencia técnica se centrará en torno al logro de una mayor ratificación y aplicación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976(núm.144), y del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm.150).

Programas técnicos regionales. En este programa se asignan créditos para los cuatro equipos consultivos multidisciplinarios que se encargan de los países andinos, los países del Caribe, América Central y los países del Cono Sur como sigue:

El equipo consultivo multidisciplinario para el Caribe, que está instalado en Puerto España (Trinidad y Tabago) y se ocupa de los países siguientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago;
El equipo consultivo multidisciplinario para América del Sur, que está instalado en Santiago (Chile) y se ocupa de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay;
El equipo consultivo multidisciplinario centroamericano, que está instalado en San José (Costa Rica) y se ocupa de Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá; y
El equipo consultivo multidisciplinario andino, que está instalado en Lima (Perú) y se ocupa de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Se calcula que en 2000-2001 los gastos de las actividades de cooperación técnica que se lleven a cabo en la región con cargo a fuentes extrapresupuestarias ascenderán aproximadamente a 25,7millones de dólares de los Estados Unidos.

El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR), con sede en Montevideo, en colaboración con los EMD, desarrollará y consolidará la red de instituciones de formación profesional como medio para promover el intercambio de informaciones en materia de formación en toda la región. (CINTERFOR) contribuye además a proporcionar asesoramiento técnico a los mandantes con miras a la formulación de políticas y programas de formación profesional.

Relaciones, servicios y apoyo. Esto abarca una unidad de programación regional, asesores técnicos regionales en materia de información sobre el mercado de trabajo, integración regional y cuestiones relativas a la mujer y la igualdad entre los sexos; servicios de personal, financieros y administrativos, y el apoyo necesario para todas las estructuras regionales. La Unidad andina seguirá siendo responsable de la planificación y la gestión de las actividades de la OIT en los países andinos.

Red de oficinas. Se asignan fondos en este programa para las oficinas de la OIT en Buenos Aires, Brasilia, México, Puerto España y San José, así como para la oficina de correspondencia de Washington.

	Introducción
	Promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo
	Promoción del Empleo
	Protección Social
	Diálogo Social